Esquerra Unida Torrent ha mostrado su contrariedad sobre la encuesta puesta en marcha para cambiar el nombre de la Avenida País Valencià, y ha pedido a los ciudadanos que no participen en una consulta que "es una farsa sin garantías democráticas, contribuye al enfrentamiento y supone un coste importante para vecinos, comercios, empresas y profesionales". La resolución, que ha sido tomada en el último Consejo Político de la formación, también ha pedido a la alcaldesa de Torrent, María José Catalá que paralice la consulta y "dedique sus esfuerzos y recursos económicos en atender las necesidades ciudadanas y mejorar las numerosas carencias del municipio".

Desde EU han mostrado su contrariedad por la sensibilidad para atender las demandas ciudadanas, por escucharlos y atender sus reivindicaciones que "contrastan con las prácticas del gobierno local del PP. Apostar, en serio, por la participación democrática supone, entre otras cuestiones, trasladar a la Corporación las propuestas presentadas por entidades locales, asociaciones o, como en el caso de EUPV, por partidos políticos". "El concepto de democracia participativa es, al igual que el oído de la Alcaldesa para escuchar a la ciudadanía, selectivo. Su sensibilidad varía en función del contenido de la reclamación. A la indignación ciudadana (5000 firmas recogidas) ante la subida del IBI, oídos sordos, para dar satisfacción a aquellos que quieren cambiar el nombre a la Avenida del País Valencia los oídos bien abiertos", señalan.

Los federalista también han criticado que la alcadesa María José Catalña se preocupe más del nombre de una calle que "del aumento del impuesto o la falta de unos servicios adecuados". Otro aspecto destacable es el coste de la consulta y de sus efectos secundarios. Al gasto salarial de los funcionario encargados de controlar, durante más de un mes, la consulta se unirán los de impresión de papeletas, publicidad y los del aporte económico para ayudar a los comercios (imaginamos que se incluirán a los profesionales aunque a estos no los menciono la alcaldesa) en los gastos de papelería, rotulación, bolsas, etc. Resulta complicado hacer una estimación pero a buen seguro se superaran los 300.000 euros", señalan.

Desde EUPV, consideran que el nombre de las calles y plazas de nuestra ciudad "debe ser consensuado, al menos, por los Grupos Municipales evitando enfrentamientos que sólo generan malestar y perjudican la convivencia". "En las últimas décadas hemos asistido a la manipulación de la ciudadanía en temas como la lengua o la bandera representativa de los valencianos y las valencianas. La derecha, no cabe duda, ha sacado del enfrentamiento una alta rentabilidad electoral. Reavivar dicha polémica puede ser una tentación para una alcaldesa que necesita asegurarse la fidelidad de una parte del electorado. Al hacerlo, no obstante, evidencia su falta de capacidad para representar al conjunto de la ciudadanía", señalan.